• The Financial Report

¿Por qué elevar el salario mínimo resulta perjudicial?

A la hora de establecer una política económica hay que hacer una distinción entre intención y consecuencia. No sirve de nada una política cuya intención es buena si lo que produce en la sociedad son incentivos hacia consecuencias opuestas.


Un ejemplo perfecto que explica esto son las leyes de salario mínimo. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), establecido recientemente en España en 950€ al mes (13.300€ anuales en 14 pagas), ilegaliza el sueldo que está por debajo de ese nivel. Pero si la intención es buena y lo que pretende generalmente es mejorar las condiciones salariales de aquellos trabajadores con un sueldo menor, ¿Por qué las consecuencias que logra son las opuestas?

¿Qué es el salario mínimo interprofesional (SMI) y cómo se determina?


Cuando hablamos del SMI, estamos haciendo referencia a la retribución mínima que debe percibir un empleado por una jornada completa. Su principal objetivo es garantizar unos estándares mínimos que amparen un determinado nivel salarial en el mercado de trabajo.


En los países europeos los salarios se determinan a través de la negociación colectiva entre trabajadores y las empresas, generalmente a nivel sectorial, aunque también puede darse a nivel nacional o en el ámbito de cada empresa.


La negociación salarial se basa principalmente en función de la evolución de los precios (mediante la inflación y el IPC) y la productividad que tiene en cuenta los costes de producción de la empresa. A parte de estas dos variables también se tienen en cuenta otras como el desempleo del sector, la disponibilidad de mano de obra capacitada para realizar el trabajo, el poder de negociación de los sindicatos o la coyuntura económica.

¿Todos los países tienen un salario mínimo interprofesional (SMI)?


Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente el 90% de los países miembros de esta organización (187 Estados en 2020) establecen un SMI de acuerdo con su legislación nacional.


En Europa, la Comisión Europea ha marcado como objetivo para 2024 cumplir con lo establecido en la Carta Social Europea. Este tratado firmado en 1961 establece que los países europeos deben fijar un SMI que suponga el 60% del salario medio de su país, contribuyendo así a la libre movilidad por el espacio europeo y garantizando condiciones laborales mínimas en los distintos países.


En España, en el 2019 el salario medio bruto fue 2.295€/mes mientras que en el 2020 el SMI se sitúa en los 1.108€ brutos (en 12 pagas) lo que supone una ratio de 48%.

Para contextualizar esta ratio, países como Alemania se situan en el 35%, Reino Unido en 39%, Francia en 49,9% o EE.UU. en 25,8% (Datos Macro).

¿A quién va destinado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?


La política laboral que impulsa un salario mínimo más elevado pretende aumentar los ingresos de aquellos trabajadores cuyos salarios son bajos y precarios. Generalmente, se trata de colectivos como estudiantes o trabajos que requieren de una menor formación o experiencia.


Según los últimos datos obtenidos del INE en 2017, el grupo de edad que más se acercaba al SMI establecido en 707,7€ para ese año (9.908€ anuales) fue el comprendido entre los 20 y 24 años, con un salario medio de 841€ al mes y al agrupar por sectores económicos encontramos a trabajadores no cualificados del sector servicios, como pueden ser el personal de limpieza, con un salario medio de 925€.

¿Por qué no es efectivo elevar el salario mínimo?


Si partimos de la teoría económica más elemental observamos que el precio de un bien o salario en este caso, artificialmente elevado tiende a hacer que sea más ofertado y menos demandado que cuando se permite que los precios se determinen mediante el mercado libre.


De esta manera sabemos que un salario mínimo elevado por encima del equilibro de mercado provoca un efecto llamada en el que un número mayor de personas están dispuestas a trabajar. Al mismo tiempo, las empresas reducirán su demanda de trabajadores al verse incrementados los costes laborales.


Como podemos observar en la gráfica inferior (cuyos datos son ficticios para simplificar la explicación) situando un salario mínimo (línea roja 700€) por encima del nivel de equilibrio que el mercado libremente hallaría (650€ en este ejemplo), se produce un aumento de la oferta de trabajadores que pasa de 15 a 20 ya que un mayor número de trabajadores estarían dispuestos a trabajar por este salario. En cambio, la demanda de trabajo se reduce a 10 debido al aumento de los costes laborales.


En comparación con la situación inicial, el aumento del SMI provoca que la cantidad de trabajadores del mercado laboral sea 10 en lugar de 15, aumentando en 10 unidades el desempleo (20-10).


En esta situación, las empresas preferirán invertir un mayor importe en bienes de capital como maquinarias en lugar de capital humano cuyo coste es ahora mayor. El resultado en el mercado de trabajo es un excedente de trabajo, es decir, un mayor desempleo.


El problema de la ilegalización de un sueldo por debajo de una cantidad determinada no hace que la productividad de un trabajador valga eso y, cuando se da el caso, los trabajadores más precarios -justamente aquellos a los que trata de beneficiar- son los que son despedidos al elevar los costes laborales y los que tiene menos oportunidades de encontrar trabajo.


Tristemente, las consecuencias no cumplen con la intención de la medida. En el mercado de trabajo el verdadero salario mínimo es siempre cero, independientemente de las leyes, y ese es el salario que muchos trabajadores reciben después de que el gobierno aumente el salario mínimo, debido a que pierden su empleo o dejan de encontrarlo cuando intentan entrar al mercado de trabajo.


Al final, el resultado que se obtiene es que el salario mínimo elevado reduce el empleo de los trabajadores más jóvenes, menos cualificados y con menor experiencia.


La consecuencia inmediata del aumento del desempleo y de una mayor rigidez en el mercado de trabajo es el incremento de la economía sumergida.


Todas aquellas personas que hubiesen perdido o no encontrarán trabajo se verán forzadas a aceptar ofertas laborales fuera del control de la Administración. El aumento de los costes laborales hará que aquellos trabajos cuya productividad se encuentre por debajo del salario mínimo no sean viables lo que, o bien destruirá el puesto de trabajo sustituyéndose por maquinaria, o bien se llevará a cabo de manera ilegal. No es casualidad que aquellos países cuyos mercados laborales son más rígidos y los costes de contratación son más elevados son los mismos que tienen un mayor porcentaje de economía sumergida.

Conclusión


Pese a que las intenciones de una política laboral que aumente el salario mínimo puedan ser buenas, el resultado que obtiene es justamente el contrario, aumenta la rigidez del mercado laboral para aquellos trabajadores menos cualificados y con menor experiencia llevándolos al desempleo o dificultando su contratación.


De este modo, la solución no es aumentar el salario mínimo sino reducir el coste de contratación de los trabajadores más vulnerables. Reducir y prácticamente anular los impuestos pagados tanto por el empleado como por el empleador producirían una mayor flexibilidad de contratación y reduciría considerablemente la economía sumergida.



Artículo realizado por: Ionut Traian Matei y Javier Guerrero Jiménez